¿Pueden grabarme en mi centro de trabajo?

Artículo publicado previamente en Lawyerpress Emprende

La respuesta a esta pregunta es afirmativa, aunque con ciertos matices, puesto que pone en conflicto valores que gozan de protección jurídica, incluso constitucional.

En este sentido el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores faculta, o mejor dicho, legitima al empresario para adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso.

En el otro lado de la balanza tenemos la intimidad de las personas (en nuestro caso los trabajadores), derecho fundamental constitucionalmente protegido (18.1 y 18.4). Además, la utilización de sistemas de video-vigilancia implica el tratamiento de imágenes y voces de personas, considerados datos de carácter personal de acuerdo con el artículo 3 a) de la Ley Orgánica 15/1999 (en adelante LOPD), pues se trata de información[1] concerniente a personas físicas identificadas o identificables, por lo que esta facultad de control empresarial por medio de videocámaras, estará sometida a la LOPD y a la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), dictada con la finalidad de adecuar a la LOPD el tratamiento de datos personales a través de sistemas de cámaras o videocámaras y por tanto deberá cumplir ciertos requisitos, sin perjuicio de la protección constitucional anteriormente referida.

La regla general para el tratamiento de datos personales es el consentimiento inequívoco del afectado (artículo 6.1 LOPD). En el caso de las relaciones laborales nos encontramos con que el tratamiento de datos personales por la empresa está justificado sin necesidad del consentimiento del trabajador:

Artículo 6.2: No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.

El anterior artículo no opera en ningún caso en perjuicio del deber de información recogido en el artículo 5.1 de la LOPD como argumenta la sentencia 29/2013 de 11 febrero (RTC 2013/29), de importancia capital en este debate:

“[…] Por tanto, no será suficiente que el tratamiento de datos resulte en principio lícito, por estar amparado por la Ley (arts. 6.2 LOPD y 20 LET), o que pueda resultar eventualmente, en el caso concreto de que se trate, proporcionado al fin perseguido; el control empresarial por esa vía, antes bien, aunque podrá producirse, deberá asegurar también la debida información previa. […]”

Hay que hacer hincapié en el deber de informar de la finalidad del tratamiento de datos (la captación de imágenes), esto es, del control empresarial que se está produciendo a través de las videocámaras, no bastando simplemente con informar mediante carteles de la existencia de dichas videocámaras, pues no se trata de “pillar” o inducir a error al trabajador, que  puede entender que el fin de la videovigilancia es la seguridad.

Para cumplir con dicho deber, los responsables que cuenten con sistemas de videovigilancia deberán (artículo 3 Instrucción 1/2006 de 8 de noviembre):

a)      Colocar un cartel anunciador.

b)      Tener a disposición de los interesados impresos como este (aunque en este modelo el fin es la seguridad, no el control empresarial).

Según la AEPD, también habrá de informarse a la representación sindical y a los trabajadores mediante información personalizada (contrato de trabajo).

Informar sobre la finalidad del tratamiento no es baladí, como demuestra la sentencia citada donde se declaró la nulidad de la sanción disciplinaria impuesta por la Universidad de Sevilla a un trabajador basada en imágenes captadas por las cámaras instaladas en el puesto de trabajo.

Sin entrar a analizar otras obligaciones al amparo de la regulación de protección de datos como la inscripción de los ficheros, o la formalización de un contrato en caso de acceso a los datos por cuenta de terceros, el segundo elemento que hay que analizar es la proporcionalidad de las medidas, y esto se debe a dos fundamentos:

  1. Principio de calidad de los datos (artículo 4 LOPD). Según este principio, los datos solo podrán recogerse cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos, de acuerdo con el fin para el que se hayan obtenido. A modo de ejemplo, será una medida desproporcionada colocar videocámaras en las zonas de descanso del personal o en los vestuarios (algo que iría además en contra de la dignidad humana) cuando la finalidad sea la verificación del cumplimiento de las obligaciones laborales.
  2. Relación de la protección de datos con el derecho fundamental a la intimidad y por otro lado el propio derecho a la protección de datos personales como derecho fundamental autónomo (18.4 Constitución). La doctrina constitucional exige que para establecer medidas restrictivas de derechos fundamentales deben concurrir los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Siendo la instalación de cámaras una medida claramente intrusiva solo deberá recurrirse a ella cuando no exista otra más moderada.

En definitiva, puede grabarse a los trabajadores en su centro de trabajo, pero no de cualquier forma ni a cualquier coste.


[1] El artículo 5 f) del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD establece que por información entendemos datos numéricos, alfabéticos, información gráfica, acústica…

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About Francisco José Hidalgo-Barquero

Asesor de Fusiones y Adquisiciones. Consultor de Negocio.
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