Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca de las cartas de patrocinio

Las sentencias que voy a analizar son las siguientes: sentencias de 16 de diciembre de 1985, 30 de junio de 2005, 13 de febrero de 2007 y 18 de marzo de 2009. Recomiendo su lectura previa.

¿Qué son las cartas de patrocinio? ¿Dónde se fundamentan? ¿Qué partes podemos identificar en torno a esta figura?

De la diversa jurisprudencia que trata las cartas de patrocinio, podemos extraer una primera definición general: Las cartas de patrocinio son declaraciones unilaterales emitidas con la intención de acreditar cierto grado de garantía o solvencia. La sentencia de 16 de diciembre de 1985 las define del siguiente modo:

“El fenómeno de las denominadas, con diversa terminología, «letter of responsability, letter of support, letter de patronage, letter of intention», etc. y más usualmente «cartas de confort[1]», responde en el campo de la financiación al designio de proporcionar una garantía semejante a la fianza, mediante la cual el emisor contrae una obligación accesoria de indemnizar en beneficio del acreedor para el evento de que el deudor principal incumpla lo pactado en sus relaciones con el segundo”.

A continuación veremos cómo las cartas de patrocinio participan en algunos aspectos de las características de la fianza. Hay que destacar desde un principio, que son contratos atípicos con personalidad propia y que no pueden confundirse con la fianza.[2]

Respecto a la génesis y fundamentación de esta nueva figura del tráfico bancario, la jurisprudencia (sentencia de 16 de diciembre de 1985: “[…]No existe obstáculo legal para entender eficaces en nuestro ordenamiento positivo las cláusulas de apoyo financiero con una fuerza vinculante fundada en el principio de libertad de contratación proclamado en el artículo 1255 del Código Civil y sus concordantes sobre los efectos de la relación obligatoria[…]”) es firme a la hora de situarla en el principio de libertad de contratación establecido en el artículo 1255 del Código Civil: Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público.

Para que exista una verdadera obligación jurídica deberán darse una serie de requisitos que estudiaremos más adelante.

En torno a esta figura, proveniente del derecho anglosajón[3], podemos identificar una relación triangular, esto es:

Emisor/Patrocinador (Matriz)

triangulo

Receptor (Acreedor patrocinado)    —>        Filial / Socio proyecto común (Patrocinado)

Identifiquemos dichas partes en las distintas sentencias analizadas:

  1. Sentencia de 16 diciembre 1985 (RJ\1985\6442)
    • Emisor: Subdirector del BANCO DEL NOROESTE, S. A.
    • Receptor: SOCIEDAD COOPERATIVA HOTELPLAN
    • Patrocinado: AIR SPAIN, S. A.
  2. Sentencia de 30 junio 2005 (RJ\2005\5089)
    • Emisor: COMPAÑÍA MERCANTIL RÚSTICAS S. A.
    • Receptor: BANCO ZARAGOZANO S. A.
    • Patrocinado: CONGELADOS IBÉRICOS S. A.
  3. Sentencia de 13 febrero 2007 (RJ\2007\684)
    • Emisor: D. BENJAMÍN (en nombre propio y de su grupo empresarial), CONSEJERO DELEGADO SITONES S. A.
    • Receptor: BANCO DE COMERCIO S. A.
    • Patrocinado: SITONES S. A.
  4. Sentencia de 18 Marzo 2009 (RJ\2009\1656)
    • Emisor: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S. A.
    • Receptor: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S. A.
    • Patrocinado: SIERRACORK S. L.

A este respecto hay que dejar claro que uno de los requisitos para dotar de contenido obligacional a las cartas de patrocinio que la STS de 16 de diciembre de 1985 (RJ 1985, 6442) recoge, en doctrina que sigue la de 30 de junio de 2005 (RJ 2005, 5089), es “que la relación de patrocinio tenga lugar en el ámbito o situación propia de sociedad matriz de sociedad filial, lo que es algo distinto de la posición de accionista mayoritario de la patrocinadora en la patrocinada”.  Como señala la Sala del Tribunal Supremo en la sentencia de 18 de Marzo de 2009 habrá que estudiar la posición que ostenta la empresa patrocinadora respecto de la patrocinada, pues en el caso abordado por dicha sentencia el emisor de la carta (Empresa de Gestión Medioambiental S.A.) participa la patrocinada en un 48 por ciento, dato que no es clave a la hora de determinar la sociedad matriz (suministra materias primas para el desarrollo de la actividad de ésta, le concede créditos para pago a trabajadores, insta su declaración de quiebra, etc.) [requisito 5.4].

Como hemos dicho, para que el compromiso adoptado en las cartas de patrocinio alcance trascendencia jurídica, es decir, para que tenga repercusiones más allá de un plano estrictamente moral, esto es, una posible ejecución forzosa, será necesaria la concurrencia de una serie de requisitos. La STS de 16 de diciembre de 1985 (RJ 1985, 6442), en doctrina que sigue la de 30 de junio de 2005 (RJ 2005, 5089), establece a tal efecto los siguientes requisitos o presupuestos, necesarios para que pueda atribuirse a una carta de patrocinio el efecto propio de un contrato de garantía[4]:

(La cuestión controvertida se circunscribe al alcance obligacional o no de las cartas de patrocinio. Ésta se resolverá tras el análisis de los requisitos que estudiamos a continuación)

 

1) que exista intención de obligarse la sociedad matriz a prestar apoyo financiero a la filial o a contraer deberes positivos de cooperación a fin de que la Compañía subordinada pueda hacer efectivas las prestaciones que le alcanzan en sus tratos con el tercero favorecido por la carta, careciendo de aquella obligatoriedad las declaraciones meramente enunciativas;

  1. “[…] La carta de 1 de octubre de 1974, suscrita por el Subdirector del BANCO DEL NOROESTE, S. A., y dirigida a la SOCIEDAD COOPERATIVA HOTELPLAN, en la que saliendo al paso de «ciertos rumores extendidos acerca del apoyo financiero de AIR SPAIN» hace saber a la ahora recurrente que dicha entidad bancaria «controla directa o indirectamente la absoluta mayoría de las acciones», y «sostiene sus necesidades económicas, incluyendo la adquisición de dos aviones», por lo cual «el Banco cree firmemente en el futuro de Air Spain» e incluso «ha aprobado un aumento del capital social de ésta en 300 millones de pesetas» […]”. Como vemos, estas declaraciones no dejan de ser “pareceres, opiniones o informes sobre la solvencia de la compañía AIR SPAIN y proyectos de futuro sobre la situación financiera y actividades de ésta, pero  sin intención obligacional alguna”.
  2. La intención obligacional que se extrae del escrito de fecha 28 de septiembre de 1992 es indudable, pues más que ante meras declaraciones enunciativas nos encontramos ante un compromiso firme de satisfacer a Banco Zaragozano en caso de impago por parte de la mercantil Congelados Ibéricos, S. A. à«[…] les comunicamos que poseemos el 100% del capital de la misma. Con respecto a la mencionada cuenta de crédito, les comunicamos que si «Congelados Ibéricos, S.A» tuviera problemas en devolverlo a su vencimiento, procederíamos a ampliar capital hasta el importe de dicho crédito para poder hacer frente a tal compromiso […]».
  3. En este caso estamos ante meras declaraciones enunciativas que en ningún caso dan a entender una intención de obligarse a prestar apoyo financiero: «tenemos interés de que la citada operación se resuelva con toda normalidad».— «nos comprometemos a informarles y a estudiar con ustedes las medidas pertinentes para que dicha operación crediticia pudiera llegar a feliz término. » (Carta de 18 de febrero de 1992). El Supremo recalca que establecer una garantía personal no podía ser la intención de los contratantes “[…] pues ésta se hizo efectiva mediante la constitución de una pignoración sobre valores […]” salvando todas las formalidades, cosa que no se hizo para completar el resto de la garantía (140.000.000 de pesetas restantes).
  4. Entiende la Sala “[…] que los estrictos términos literales de la carta controvertida, en el punto relativo a los compromisos asumidos por la recurrente para el caso de impago de la prestataria (“haremos todos los esfuerzos necesarios para que la firma Sierracork S.L. disponga en todo momento de medios financieros que le permitan hacer frente a sus compromisos alcanzados con ustedes, por los créditos que le concedan”, “prestaremos a la misma todos los recursos necesarios de tipo financiero, técnico o de otra clase, que le permitan cumplir satisfactoriamente sus compromisos, tanto en lo que se refiere a nominal, intereses, costas y todos los gastos que conllevasen la presente operación”), son, no sólo concretos por venir referidos a una operación crediticia determinada, la explicitada en el párrafo primero de la carta (concesión de un crédito de 100.000.000 pesetas a “Sierracork, S.L.” al plazo de un año), sino además claros e inequívocos en cuanto al contenido obligacional que comportan […]”

2) que la vinculación obligacional resulte clara, sin que pueda basarse en expresiones equívocas, por aplicación analógica de los requisitos de la declaración constitutiva de la fianza del art. 1827 CC (LEG 1889, 27);

Artículo 1827 CC: La fianza no se presume: debe ser expresa y no puede extenderse a más de lo contenido en ella.[5]

  1. En ningún caso la carta expresa de forma clara e inequívoca una declaración constitutiva de fianza.
  2. Como puede observarse en el escrito, no hay lugar a expresiones equívocas.
  3. Una vez más, analizando el requisito anterior se desecha la posibilidad de conferir a la carta el carácter de garantía personal. Señala el “Alto Tribunal” que es curioso cuanto menos que una operación de tan importante trascendencia económica no contemplase de forma expresa la constitución de la garantía personal que ahora exige Banco de Comercio S.A.
  4. El análisis de los párrafos 4º y 5º de la carta de 22 de agosto de 2001 deja clara la vinculación obligacional, que no se presume en ningún caso.

3) que el firmante de la carta tenga facultades para obligar al patrocinador en un contrato análogo al de fianza;

  1. “[…] La condición de Subdirector general del Banco del Noroeste ostentada por el firmante de la carta no le autorizaba sin más para obligar a la sociedad anónima en un contrato análogo al de fianza para garantía de operaciones ajenas a la propia actividad bancaria, cuando no consta que estuviera autorizado para ello ni que hubiera recaído acuerdo de la Junta general […]”.
  2. Uno de los motivos en los que se apoya Rústicas S. A. en el escrito de formalización del recurso de casación para negar el carácter contractual de la carta (y por tanto su obligación de pago a favor de la ahora parte recurrida –Banco Zaragozano, S. A.-) es que se incumple el requisito (3) que ahora tratamos, pues según la mercantil el firmante no tenía poder suficiente para obligar a la patrocinadora y por tanto se extralimitó. Este motivo es desestimado “[…] por el simple hecho de que la referida persona era Presidente del Consejo de Administración de Rústicas, SA– y además su apoderado general. Y asimismo que, antes de tal fecha (la carta es de 28 de septiembre) la Junta General otorgó, concretamente el 29 de junio de 1992, poderes al Consejo de Administración para operar con Bancos, Cajas y cualesquiera entidades de financiación y avalar y garantizar operaciones propias y de terceros […]”. Además del hecho que se acaba de relatar (que hace que esta oposición no pueda ser tenida en cuenta), el Tribunal Supremo sienta jurisprudencia en esta sentencia de 30 de junio de 2005, con la conocida doctrina de los actos neutros  y diferencia así este caso del resuelto por la sentencia de 16 de diciembre de 1985: “[…]pero en el ámbito de las garantías ofrecidas por una sociedad matriz respecto de alguna de que se entiende comúnmente que entre las facultades de gobierno y gestión del órgano de administración de la entidad patrocinadora figuran los llamados «actos neutros», es decir, aquellos que, aunque no comprendidos directamente en el objeto social, tampoco suponen una ampliación de éste, presumiéndose que se realizarán o estipularán, en el caso de convenciones, en beneficio de la sociedad y al servicio del objeto y fin sociales[…]”. Entre ellos, continua la sentencia, se encuentra concertar préstamos, prestar avales o garantías, etc. Al entender las cartas de patrocinio como actos neutros, el motivo alegado por la mercantil queda vacío una vez más.[6]
  3. Como Presidente y consejero delegado, D. Benjamín tendría facultades para obligar al patrocinador (“[…] El socio tiene el poder efectivo de determinar el curso de la vida de la sociedad, siendo de por sí administrador y, además dotado de especial relevancia […]”).En este caso el contexto es diferente, pues Banco de Comercio S. A. se dirige contra D. Benjamín personalmente no habiendo otra mercantil involucrada. Al ser firmada por el Consejero Delegado de Egmasa y siguiendo la doctrina anteriormente citada de los actos neutros, el patrocinador se vería obligado.

4) que las expresiones vertidas en la carta sean determinantes para la conclusión de la operación que el patrocinado pretenda realizar; y

  1. El desfase entre los contratos de transporte y la carta deja patente que ésta última no fue clave à“[…] Según acertadamente destaca la Sala a quo, las expresiones vertidas en la carta de 1 de octubre de 1974 no fueron determinantes, dada su fecha, de los contratos de transporte aéreo de 3 de mayo, 21 de junio y 18 de septiembre de tal año […]”.
  2. El escrito no deja lugar a dudas. Dicho escrito se refiere a un crédito que suponemos por el tenor literal aun no ha sido otorgado y por tanto, la carta es anterior a la concesión y es determinante para la conclusión de la operación al garantizar que si «Congelados Ibéricos, S.A» tuviera problemas en devolver el crédito en cuestión a su vencimiento, Rústicas, S. A. procedería a ampliar capital para poder hacer frente al compromiso.
  3. En un principio no habría problema en reconocer como establece el Tribunal Supremo, que la carta dirigida al banco ha sido determinante. Existen dos razones que avalarían este argumento:
    • Identidad de fecha entre la póliza de préstamo y la propia carta,
    • junto con el hecho de que la garantía pignoraticia prestada en parte por el propio firmante era insuficiente para cubrir la totalidad de un préstamo de elevada cuantía.

    La sentencia del Tribunal Supremo hace un análisis detallado sobre este punto por lo que me remito a ella: “[…] Aisladamente considerada, la expresión según la cual « [y] en cualquier caso, pondremos por nuestra parte todos los medios y medidas necesarias para que la operación tenga buen fin», con la que se cierra la carta, podría ser determinante de la citada obligación de colaboración para el buen fin de la obligación y en sí no puede ser considerada equívoca. Sin embargo, dicha expresión debe ser, en función del llamado criterio de la totalidad («canon hermenéutico de la totalidad del área contractual», según la STS de 26 de octubre de 1998 [ RJ 1998, 8511] [7]), reflejado en el artículo 1285 CC ( LEG 1889, 27) , interpretada en relación con el conjunto de las cláusulas de la carta otorgada, la cual en los párrafos antecedentes contiene una expresión, para el caso de que el firmante de la misma junto con el grupo de empresas que le pertenece contemple la posibilidad de desprenderse de la posición mayoritaria en la sociedad patrocinada, del siguiente tenor literal: «nos comprometemos a informarles y a estudiar con ustedes las medidas pertinentes para que dicha operación crediticia pudiera llegar a feliz término». Se admite, en consecuencia, para el caso de contemplar la pérdida de la posición mayoritaria en la sociedad, un compromiso que se concreta únicamente en un deber de información y de estudio con los representantes del banco (con la consiguiente necesidad de un acuerdo posterior entre ambas partes) de medidas encaminadas al buen fin de la operación, cosa que no comporta la expresión de un deber resolutivo de garantizar dicho resultado […]”.

  4. No cabe duda de que las expresiones vertidas son determinantes “[…] ya que se otorgó para que la entidad crediticia diese el préstamo a la entidad Sierracork S.L. y si la Empresa de Gestión Medio Ambiental S.A. no lo hubiese emitido en tal sentido obligacional, la operación crediticia a favor de Sierracork S.L. por parte del banco demandante no se hubiera otorgado, ya que la entidad demandada no sólo se compromete a garantizar o afianzar la operación, sino que se obliga de forma directa si no efectúa la entidad Sierracork S.L., por tanto no significa, como pretende la parte apelante, que esta carta era una carta de confianza que pretendía generar confianza en la entidad crediticia para otorgar el crédito a la entidad Sierracork […]”.

5) que la relación de patrocinio tenga lugar en el ámbito o situación propia de sociedad matriz de sociedad filial, lo que es algo distinto de la posición de accionista mayoritario[8] de la patrocinadora en la patrocinada, haciendo referencia además a que la traslación de responsabilidad –sólo admisible en casos excepcionales– que dichas cartas significan tienen su actuación propia en la esfera de los créditos bancarios solicitados por la sociedad filial, con promesa de garantía asumida por la sociedad cabeza de grupo.

  1. No aparece acreditado debidamente que exista entre el Banco del Noroeste y Air Spain la situación propia de sociedad matriz y sociedad filial, que es el ámbito específico de desarrollo de las «cartas de confort», sino que lo único que aparece de las actuaciones es que la primera tiene la posición de accionista mayoritaria de la segunda.”
  2. Aunque como bien sabemos, la posición de accionista mayoritario no es la que determina que una sociedad sea matriz y otra filial, al no tener más datos, en este caso entenderemos que por poseer el cien por cien del capital de Congelados Ibéricos S. A., Rústicas S. A. es la sociedad matriz y por tanto se da la relación de patrocinio necesaria.
  3. Como vimos cuando estudiamos el requisito nº 3, no se trata de una garantía otorgada por una sociedad matriz respecto de la sociedad filial.
  4. Véase ut supra.

En función de que concurran o no los requisitos que acabamos de estudiar, podemos encontrarnos con los siguientes tipos de cartas de patrocinio acuñados por la doctrina (adquieren naturaleza jurisprudencial con la sentencia 30 de junio de 2005):

a)      Cartas de patrocinio débiles: Emitidas para declarar la confianza en la capacidad de gestión de los administradores de la sociedad que aspira al crédito, de la viabilidad económica de la misma…Son por tanto, meras recomendaciones que no sirven de fundamento para que la entidad crediticia pueda exigir el pago del crédito a la entidad patrocinadora.

Este es el caso de las cartas estudiadas en las sentencias:

–       16 diciembre 1985 (RJ\1985\6442)

–       13 febrero 2007 (RJ\2007\684)

b)      Cartas de patrocinio fuertes: Pueden entenderse como contrato atípico de garantía personal (fuerza vinculante) con un encuadramiento específico en algunas de las firmas negociales o categorías contractuales tipificadas en el ordenamiento jurídico como contrato de garantía, o como contrato a favor de terceros, o como promesa de crédito, criterio seguido por nuestro Tribunal Supremo en la sentencia 16 de diciembre de 1985, que lo refiere al contrato de fianza.

Este es el caso de las cartas estudiadas en las sentencias:

–          30 junio 2005 (RJ\2005\5089)

–          18 Marzo 2009 (RJ\2009\1656)

  • ANGEL CARRASCO[9] señala una peculiaridad sobre esta última sentencia: “se condena a la emitente a pagar directamente al banco, cual si de fiador se tratase, cuando lo cierto es que para la contingencia ocurrida (imposibilidad de atender al pago) la carta solo contenía un compromiso de insuflar fondos a la patrocinada”.

El requisito esencial de la declaración constitutiva de fianza es que ha de ser clara y precisa (art.1827 CC). Con el objetivo de atenuar la fortaleza y consecuencias jurídicas de la fianza, a menuda las cartas de patrocinio están repletas de expresiones equívocas, por lo que otros sectores doctrinales acuden a figuras contractuales menos sensibles a este factor de equivocidad que pretende introducirse en estos documentos por quien los emite para desdibujar el afianzamiento[10]. Esta figura es el mandato de crédito[11]. Existen numerosas posiciones en torno a esta figura, que se encuentra a medio camino entre el mandato y la fianza. Su conexión con el fin de las cartas de patrocinio es indudable como veremos.

El Tribunal Supremo, en la sentencia 13 de febrero de 2007, habla de la casi desaparición de nuestra legislación[12] así como de otras, del mandato de crédito. No obstante, no deja de ser un mandato (proposición de mandato) y “[…] si tenemos en cuenta que la institución del mandato representa en todos los ordenamientos el esquema jurídico básico de una relación de colaboración y que la configuración del mismo se basa en la simple idea de la realización por otro de una actividad que redunda en interés del beneficiario de la cooperación, es perfectamente defendible que el que ha prestado la colaboración, quien ha desplegado una actividad provechosa en beneficio de otro, tenga a su favor una acción que le mantenga indemne de los perjuicios que deriven del cumplimiento del mandato […]”.

Esta es la posición de la doctrina, que establece que con relación al mandatario, el mandante es un verdadero asegurador del riesgo de insolvencia del tercero deudor; esta asunción del riesgo le permite conceder el crédito con la tranquilidad que le da el saber que las consecuencias dañosas del incumplimiento del tercero no van a recaer sobre él.

Esta idea fue anteriormente defendida por la sentencia 30 de junio de 2005: “[…] Así quien inste a otro a dar crédito a un tercero y logra efectivamente la concesión del crédito solicitado puede quedar obligado jurídicamente, no ya tanto por mediar contactos previos más o menos explicitados en acuerdos, sino porque el ordenamiento viene a contemplar y dar relevancia al hecho de haber obtenido la satisfacción del interés que el encargo expresaba, pudiendo el destinatario de la carta de patrocinio (concedente) dirigirse para reclamar la efectividad y cumplimiento del contrato de crédito contra el también interesado (patrocinador-mandante) cuando el acreditado incumpla […]”.

ENRIQUE RUBIO TORRANO[13] hace un muy buen análisis de la relación entre la finaza y el mandato de crédito: “La dificultad estriba en conciliar la responsabilidad derivada de un mandato con la de fiador qua la ley atribuye al mandante, en cuanto ésta no deriva tanto de la propia naturaleza del contrato cuanto de un concreto imperativo legal. Para salvarla, afirma la doctrina alemana que el llamado mandato de crédito es un mandato, sujeto en cuanto tal a las reglas que 1o rigen, lo mismo en punto a la no exigencia de la forma escrita -propia de la fianza- que a su perfección, a la posibilidad de revocación por el mandante y de denuncia por el mandatario, que al deber de diligencia exigible a éste, etc., y sólo una vez concedido el crédito el mandante responde “a modo de fiador”, sometiéndose en lo relativo a la extensión de su responsabilidad a las reglas de la fianza y gozando, como tal, de las excepciones que al fiador competen”.

La figura de la carta de patrocinio, ya asentada en nuestro país gracias a las diversas sentencias estudiadas, tiene como objetivo aumentar la circulación del crédito tan escaso en estos momentos. Personalmente creo que la flexibilidad, es la principal ventaja de esta figura del tráfico mercantil, característica fundamental, máxime en un entorno económico cada vez más complejo tanto a nivel nacional como internacional. Además, su utilización genera ventajas fiscales.

Como queda patente en las sentencias anteriores, aunque se ha avanzado mucho la definición, requisitos y consecuencias de las cartas de patrocinio, siguen planteando muchos problemas jurídicos que dan lugar a recursos que lo único que pretenden es dar la opinión sobre el alcance jurídico de éstas. Por ello creo que tipificar las cartas patrocinio (aunque podría pensarse que esto desdibujaría su flexibilidad), siguiendo el ejemplo francés[14], aumentaría la seguridad jurídica en torno a esta figura además de descargar de trabajo nuestros tribunales, pues es seguro, que continuarán generando “ríos de tinta jurisprudencial”.

FUENTES


[1] C. SUÁREZ GONZÁLEZ (“Las declaraciones de patrocinio. Estudio sobre las denominadas ‘cartas de confort’”, Madrid, 1994, pp. 14 y 15.) señala que el término «confort» hace referencia al punto de vista del Banco y se refiere a la misión de «asegurar», mientras que el término «patronage» se refiere a la procedencia de una sociedad matriz, siendo éste el motivo por el que la Carta se expide y por el que se produce dicha seguridad

[2] STS de 30 de junio de 2005 (RJ 2005, 5089)

[3] Mª Pilar Diago Diago (Profesora Titular de Derecho Internacional Privado Universidad de Zaragoza) afirma  en su trabajo “GENTLEMEN’S AGREEMENTS Y CONTRATOS DE FINANCIACIÓN INTERNACIONAL”

que “Los expertos en Derecho económico internacional afirman, con una práctica unanimidad, que el origen de esta especial garantía se encuentra en el ámbito comercial anglosajón y, más en concreto, en la práctica bancaria estadounidense”.

[4] Nos pararemos en cada requisito para analizar si se cumplen en cada uno de los casos estudiados.

[5] El fin de esta exigencia es acentuar su fortaleza y consecuencias jurídicas.

[6] IMPORTANTE: Hay que subrayar para no dar lugar a malentendidos, que la resolución del Tribunal Supremo respecto a este punto no es aplicable análogamente al caso anterior (AIR SPAIN), pues la relación de patrocinio de dicho caso, no es la propia de sociedad matriz y sociedad filial, no habiendo por tanto contradicción entre dichas sentencias.

[7] “[…] la intención, es el espíritu del contrato, es indivisible, no pudiendo encontrarse en una cláusula aislada de las demás, sino en el todo orgánico que constituye […]”.

[8] Supra cit.

[9] “Las cartas de patrocinio”. Opinión. ÁNGEL CARRASCO. Consejero académico. Gómez-Acebo & Pombo.

[10] STS 30 de junio de 2005

[11] Estamos ante un contrato atípico que encuentra su justificación en el principio de autonomía de la voluntad consagrado en el art. 1255 de nuestro Código Civil.

[12] Código Civil Alemán (parágrafo 778 del B. G.B.) establece: Quien confiere a otro el mandato de conceder crédito a un tercero en nombre propio y por cuenta propia, responde como fiador al mandatario por la obligación del tercero nacida de la concesión de crédito.

[13] ENRIQUE RUBIO TORRANO. Catedrático de Derecho Civil. “El Mandato de Crédito”.

[14] Ordonnance nº2006-346
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About Francisco José Hidalgo-Barquero

Asesor de Fusiones y Adquisiciones. Consultor de Negocio.
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